Ley Omnibus: La reforma educativa incluye un examen final en el secundario y la evaluación docente

Son algunas de las medidas incluidas en la ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso. Además, habilita que las universidades cobren a los extranjeros.

Este miércoles, el ambicioso proyecto de Ley Ómnibus fue enviado al Congreso y, en lo que concierne al sistema educativo se impulsan una serie de reformas como que los estudiantes secundarios terminen su ciclo con un examen final obligatorio y los docentes revaliden sus conocimientos cada cinco años.

El proyecto planteado por el Ejecutivo nacional no es novedoso, ya lo implementan con muy buenos resultados otros países como Brasil y Corea. Lo que se busca es realizar un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan.

De esta manera, se incorpora a la ley la prioridad de enfocar la evaluación en las áreas de matemática y comprensión lectora, algo que ya se venía haciendo en las últimas ediciones de las pruebas Aprender.

El propósito con esta evaluación es que el alumno tenga “el derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”. Eso abriría la puerta a que empresas -o incluso universidades- lo pidan como requisito antes de incluir a un joven.

Cambios en la evaluación docente

El proyecto mantiene dos alternativas para la carrera docente, el desempeño en el aula y el desempeño de la función directiva y de supervisión, pero agrega que el ascenso dependerá no sólo de la formación, sino también de la “evaluación continua”.

La evaluación continua requerirá “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años”.

Los criterios para esa “evaluación y revalidación” serán definidos por la Secretaría de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, según plantea otro artículo del proyecto

Universidades aranceladas para extranjeros no residentes

En su artículo 553, el proyecto especifica que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos”.

Sin embargo, autorizan a las universidades a cobrarles a los miles de extranjeros que vienen a la Argentina sólo en busca de un título.